21 de junio de 2021
Narcisa Rendón
1154 palabras. 5 minutos de lectura
En Ecuador es prohibido el trabajo infantil (de 5 a 14 años), pero no existen leyes que lo sancionen. La pandemia ha impedido revelar nuevos datos sobre este problema que se muestra latente en las calles, convocando la urgente atención del Estado.
Hay fenómenos sociales que no se pueden esconder: el trabajo infantil es una de las aristas más delicadas de la pobreza.
El trabajo infantil existe a razón de las carencias de medios de subsistencia en el entorno del hogar. Niños, niñas y adolescentes, coartan sus libertades, vivencias y aprendizajes positivos, y se llegan a exponer a situaciones de riesgo que, a la larga, afectan su potencial en el futuro.
En un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 2015, se define al trabajo infantil, como “aquella actividad que es peligrosa o dañina para los niños y niñas, interfiere con el aprendizaje formal o provoca deserción escolar prematura, requiere de combinar la escuela con una cantidad excesiva de trabajo, o no permite su desarrollo integral”.
Para UNICEF, el trabajo infantil hace referencia a la población entre 5 y 14 años que está involucrada en actividades laborales. Adicionalmente, en Ecuador, se incluye a la población entre 15 y 17 años que dedica al menos 43 horas a actividades remuneradas o al trabajo doméstico.
El INEC publicó en 2019, que el trabajo infantil se ubicaba sobre el 8% de esa población, porcentaje que no se veía desde diciembre de 2007 (ver gráfico).
Pese a que ese resultado generó alerta en las organizaciones que buscan erradicar progresivamente este fenómeno, en la práctica se pronostica que dicha cifra sea más alta a raíz de la pandemia y de las estadísticas sociales que reflejaron al final del 2020, en particular la de la pobreza, que alcanzó el 32.4% de la población, y la de la pobreza extrema, que se ubicó en el 15%, números similares a los de hace 10 años.
Los sectores en donde se revela
Más allá de los números, la realidad demuestra situaciones de riesgo que enfrentan los niños y niñas que trabajan, aun con la autorización del padre o de la madre.
En un parqueo abierto de un centro comercial de Guayaquil, constantemente trabajan menores que no superan los ocho años de edad; venden caramelos. Sus madres están en el mismo escenario, pero no tan cerca de ellos como para detener algún posible accidente de tránsito en ese lugar lleno de autos.
Lo mismo ocurre en plazas del centro de Quito y Guayaquil, en donde quienes compiten con los adultos en situación de subempleo, son niños, generalmente de sexo masculino. Los vemos limpiando zapatos, vendiendo rosas, comidas y bebidas.
En el área rural los trabajos son distintos. Es en el campo de donde proviene la mayor concentración de trabajo infantil y adolescente.
Para tener una idea, en la última encuesta nacional de trabajo infantil que se hizo ya hace nueve años, se conoció que, del total de niños, niñas y adolescentes en el área rural, el 15.5% estaba en condición laboral. En el área urbana, el porcentaje llegaba, entonces, al 4.3%.
La gran mayoría de niños, niñas y adolescentes del campo, combinan el estudio con el trabajo. En el caso de los niños, asisten a la educación básica en horas, generalmente, matutinas, y por la tarde y el fin de semana ejecutan tareas agrícolas, ganaderas y domésticas.
Conforme va aumentando la edad, también se incrementa el tiempo de trabajo. Un adolescente de 14 años, puede laborar hasta 40 horas a la semana, como lo hace un adulto con empleo pleno. Esto no significa que los menores tengan un salario digno.
En algunos contextos, incluido el familiar, incluir a niños, niñas o adolescentes, significa ahorrar en mano de obra. Son una fuerza laboral flexible, fácil de controlar, dispuestos a aceptar salarios bajos, -o no recibir-, lo cual, a nivel general, representa perpetuar la pobreza y evita la generación de empleos plenos.
Jonathan Villamar empezó a trabajar en la agricultura y la ganadería a los 12 años. Sembraba arroz y maíz junto a su papá y sus tíos, en un recinto de la provincia del Guayas. Al principio, seguía asistiendo a clases, pero al cabo de un año, abandonó los estudios cuando le correspondía iniciar el bachillerato.
Generalmente, es en el bachillerato cuando se da la deserción escolar.
A Jonathan, su familia le decía “lo importante que era su ayuda en el trabajo de su padre para obtener más dinero». Pero además del crecimiento económico y el mejoramiento de la situación de las familias, el trabajo de niños y adolescentes se debe a factores del entorno cultural. La labor campesina está a disposición permanente; no así otras actividades que contemplan las distracciones fuera de esa área.
Además de la agricultura, otros sectores que introduce mano de obra infantil, es el comercio, manufactura, construcción y servicios.
La deuda permanente del Estado
En el plano legal, no hay una ley que sancione el trabajo infantil. La Constitución vigente, se refiere, sí, a garantías que aseguren una protección especial a los niños y adolescentes en el trabajo, y contra la explotación económica en condiciones laborales peligrosas, que perjudiquen su educación o sean nocivas para su salud o su desarrollo personal (Art.46, numeral 2).
Esa garantía es el gran reto de todos los gobiernos. Las estadísticas repasadas sobre trabajo infantil hasta el 2019, reflejan que hubo un quiebre en las políticas que se aplicaban para erradicar progresivamente este fenómeno.
“En el año 2009, la propuesta de Erradicación Progresiva de la Mendicidad se elevó a política pública y, a partir del 2011, pasa de ser una campaña temporal, a ser un proyecto de atención permanente, que se ejecuta en 16 provincias. Opera a través de la intervención individual, familiar y comunitaria”, cita el informe del INEC, Trabajo infantil en Ecuador: hacia un entendimiento integral de la problemática.
Ese plan supuso inversiones para programas que superaron los 40 millones de dólares entre el 2012 y 2013. Los resultados, aunque no suficientes, permitieron que se redujera el nivel de trabajo infantil.
¿Qué pasó luego? A partir del 2016, se reflejó un incremento sustancial del porcentaje de trabajo infantil que no se ha detenido. Para el Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021, se estableció la meta de erradicarlo, reduciendo las cifras al 2,7% hasta el 2021.
De momento, no existen los resultados sobre dicha pretensión. El nuevo gobierno debe entender que la menor inversión en programas de apoyo al plan, afecta a este grupo vulnerable. “Por otro lado, los recortes fiscales en inversiones públicas, incrementos de tarifas o precios de servicios básicos y la caída de los ingresos, en general, inciden directamente en
las economías de los hogares”, advierte el informe del INEC.
Y ha incidido, sin que nadie asuma la responsabilidad de privar a menores de 15 años de la seguridad y la felicidad plena que les corresponde.
